Hace justo un año que el PP aprobó con su mayoría absoluta en el Senado empezar a tramitar su propuesta para reformar la ley del suelo, una medida que el partido de Alberto Núñez Feijóo ve necesaria para agilizar la construcción de viviendas y atajar la crisis habitacional. El prototipo de norma se encuentra desde entonces paralizado en el Congreso, donde los populares denuncian el "bloqueo sistemático" e "injustificado" de sus iniciativas por parte de la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa, como ha ocurrido también con su ley antiokupación. Para esquivar lo que ven como un veto, los de Feijóo ha registrado de nuevo su ley del suelo, esta vez en la Cámara Baja, con el objetivo de forzar un debate al que creen que el PSOE tiene "miedo" por si el texto sale adelante.
Desde que el Senado dio luz verde a la toma en consideración de la reforma propuesta por el PP hasta hoy, el Congreso ha aprobado 35 prórrogas del plazo de presentación de enmiendas, una maniobra que los de Feijóo consideran una manera de frenar la tramitación de la ley. Fuentes populares remarcan que esto es algo que lleva ocurriendo durante toda la legislatura con las iniciativas que la oposición impulsa desde su 'bastión' en el Senado. De hecho, ante este "bloqueo" los de Feijóo han llegado a presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre ambas cámaras que confían en que obligue a la Mesa del Congreso —donde el PSOE y Sumar tienen mayoría— a reactivar la tramitación de las iniciativas presentadas por el PP.
"Nuestra ley del suelo es la mejor forma de escapar de la trampa de la vivienda en la que nos ha metido Pedro Sánchez", defendió hace un año en el pleno del Senado la senadora popular Paloma Martín, culpando a las políticas del Gobierno de la crisis habitacional —los populares consideran que las iniciativas adoptadas por los socialistas en materia de vivienda han reducido la oferta de pisos disponibles para alquilar y "criminalizan" a los propietarios—. En concreto, la reforma de la ley del suelo que proponen los de Feijóo busca dar más "seguridad jurídica" a los desarrollos urbanísticos, limitando las causas de nulidad y permitiendo que se puedan corregir errores para evitar algunos defectos formales que ahora provocan la paralización de muchos planes urbanísticos y, con ello, ralentizan el desarrollo de los barrios y la construcción de nuevas viviendas.
En la misma línea, la proposición de ley del PP pretende limitar la acción popular en materia de urbanismo, argumentando que es necesario impedir que personas o empresas con intereses "espurios" puedan impugnar los desarrollos urbanísticos. Además, el texto recoge también un silencio administrativo positivo para agilizar la concesión de licencias de edificación, de manera que si la administración no responde a la solicitud en el plazo de tres meses, el permiso se entienda concedido, salvo si existe algún tipo de protección ambiental o patrimonial.
La reforma de la ley del suelo es una demanda histórica del sector de la construcción, así como de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. De hecho, el PP no es el único partido que ha impulsado una modificación en este sentido. También el Gobierno aprobó su propio proyecto en 2024 —impulsado por el ala socialista del Ejecutivo—, aunque acabó retirándolo antes de que se debatiera en el Congreso por miedo a no contar con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Meses después PSOE y PNV acordaron volver a presentar el mismo texto en la Cámara Baja en un segundo intento que también resultó ser fallido, porque tanto el PP como Sumar y el resto de socios habituales del Ejecutivo votaron en contra.
La gran diferencia del planteamiento de los de Feijóo, que durante su debate en el Senado solo contó con el visto bueno de Vox, es que en su propuesta de norma incluyen también derogar los aspectos "más lesivos" de la ley de vivienda, como la declaración de zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de los alquileres o rebajar a 900 euros el umbral de renta para considerar a una familia vulnerable. Esto es un eje vertebral del plan de vivienda de los populares, así como aprobar la ley antiokupación —con medidas como la recuperación inmediata de la vivienda o el endurecimiento de las penas— que el Congreso tiene igualmente paralizada y que también han vuelto a registrar, esta vez en la Cámara Baja, para forzar su debate. En este caso denuncian que van más de dos años desde su aprobación inicial en el Senado, en febrero de 2024, y medio centenar de prórrogas del plazo de presentación de enmiendas.
"Ambas leyes son prioritarias", subrayan fuentes populares, que insisten en denunciar que el PSOE no permita ni siquiera que se debatan. Desde la formación de Núñez Feijóo remarcan que tanto la reforma de la ley del suelo como la ley antiokupación son un "compromiso político", por lo que subrayan que, aunque el PSOE frene su tramitación, están decididos a hacerlas realidad si llegan al Gobierno.