Airbnb ha calificado como «contraria al marco legal español y europeo» la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La multa responde a la acusación de anunciar viviendas sin licencia, entre otras prácticas, y se convierte en la segunda más alta registrada tras la sanción de 108 millones de euros a Ryanair. La plataforma ha indicado su intención de recurrir la sanción.
En un comunicado, Airbnb ha defendido que ha mantenido colaboración con el Ministerio de Vivienda desde la implementación de la normativa sobre alquileres de corta duración el 1 de julio. Como consecuencia, más de 70.000 anuncios han integrado un número de registro, permitiendo su disponibilidad en la plataforma. La empresa aclara que la obligación de garantizar el número de registro en los anuncios es parte de la nueva normativa, no aplicable cuando inició la controversia en 2024, un año antes de la normativa.
La obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestran el número de registro se incorporó en esta nueva normativa
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que Airbnb puede apelar la decisión judicialmente, pero la multa es firma y procedente. Por su parte, Airbnb insiste en que, según la Ley de Servicios Digitales, no tiene obligaciones de supervisión sobre los anuncios.
La multa a Airbnb deriva de infracciones de normativas de consumo identificadas en 65.122 anuncios. Estas infracciones incluyen prácticas comerciales desleales y publicidad de alojamientos sin licencia, contraviniendo normativas autonómicas que exigen número de registro en la publicidad. Además, se encontraron anuncios con números de licencia falsos o inexactos, junto a falta de información veraz sobre la naturaleza legal de los anfitriones, lo que se categoriza como publicidad engañosa.
La sanción de 64.055.311 euros responde a una infracción grave y representa, según Consumo, «seis veces el beneficio ilícito» obtenido por Airbnb a partir de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento ministerial hasta la retirada de anuncios. A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había validado con anterioridad la orden de retirada del Ministerio.