La Administración autonómica de Galicia se aproxima a su Día D, el más complejo desde que se puso en marcha su Estatuto. Como en las operaciones militares más delicadas, se desconoce la fecha exacta, pero no será más allá del 15 de julio, si se cumple el compromiso de la Xunta de completar en ese plazo el que va a ser el mayor movimiento de funcionarios de toda su historia. En pleno período vacacional unos 3.200 empleados públicos —el 12% del total— deberán tomar posesión de unas plazas adquiridas por distintos procedimientos, ya sean oposiciones, concursos de traslados o procesos de estabilización. Los sindicatos temen que el terremoto derive en caos, pero advierten de otro problema: en determinados grupos habrá más funcionarios que puestos vacantes.
“No tiene sentido hacerlo en verano, existe un riesgo real de colapso”, advierte Juan Carlos Rivas, portavoz de CSIF. Los recelos de este y otros sindicatos tienen que ver en parte con las fechas elegidas, que suponen, según denuncian, una “falta de respeto” contra la conciliación. “Hay gente con planes familiares y viajes contratados desde hace meses que ya estará de vacaciones cuando tenga que tomar posesión de su nueva plaza”, lamenta Rivas. Mientras, los que aún no lo estén deberán organizar los turnos con los compañeros de sus nuevos destinos. Con un agravante: ninguno de esos 3.200 trabajadores sabe con seguridad a estas alturas cuál será su plaza. “Ni siquiera la localidad en la que van a trabajar”, subraya.
Para culminar el proceso a mediados de julio, como se comprometió la Xunta, debería iniciarse como muy tarde el 15 de junio. Pese a las estrecheces del calendario, la Xunta, aunque de forma poco categórica, sostiene que la programación sigue adelante. Preguntados sobre la vigencia actual de los plazos anunciados, los portavoces de la consellería se limitan a afirmar que se trata de varios procedimientos que confluyen y que “se realizan de forma secuencial y con toma de posesión coordinada según una planificación”.
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Europa PressLos sindicatos critican además que el período vacacional, con las dependencias de la Xunta semivacías, no es el más adecuado para hacer traspasos de funciones entre empleados públicos con distinta procedencia. “No se trata de un simple cambio de destino, la mayoría de los que cambian de plaza van a consellerías que posiblemente no tienen nada que ver con lo que hacían hasta ahora, y eso no siempre es fácil”, apunta el portavoz del CSIF: “Un funcionario puede caer en Educación procedente de Pesca o en Empleo procedente de Sanidad; eso requiere un periodo de adaptación”.
A este respecto, la Xunta anuncia que dará indicaciones a las distintas unidades administrativas “para que la transmisión de conocimiento entre las personas que están ocupando actualmente los puestos y las que se incorporarán tras el concurso y la elección de destino se realice de forma adecuada”. Así, según sostiene, “se garantizará en todo caso la continuidad en la prestación de los servicios públicos.”
Los problemas no serán solo organizativos. Antes de poner en marcha el cambio de sillas, la Consejería de Facenda e Administración pública debe resolver una dificultad incluso mayor: ajustar la oferta de plazas a la demanda. No es que no haya destinos suficientes; los hay, pero en categorías distintas a las necesarias. Porque en pleno proceso, y en vísperas de que los primeros colectivos comiencen a escoger destino según su orden de prelación, se ha descubierto que faltan plazas en los grupos A1 y A2, los de mayor sueldo, y sobran en los C1, C2 y AP.
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El ConfidencialLa Xunta confía en paliar parcialmente ese déficit con las plazas que han quedado libres por jubilaciones después de la convocatoria del concurso de traslados. Plantea además recurrir a otras vacantes sin cubrir y realizar una modificación de la relación de puestos de trabajo (RTP) para crear las plazas “necesarias para permitir a cada persona una vacante abierta al subgrupo al que pertenece”.
En reuniones con los sindicatos, la directora xeral de Función Pública, Nuria Aguilar, avanzó otras medidas que contempla para paliar el déficit. Así, se comprometió a incluir en la oferta 60 vacantes del Consorcio Galego de Benestar y otras 110 de jefaturas de negociado que quedaron desiertas. Los representantes de los trabajadores no ocultan sus sospechas de que todas esas plazas y otras que también fueron planteadas no serán suficientes, por lo que será necesaria la nueva RPT o la modificación de plazas ya existentes con el objetivo de abrirlos a otros grupos.
El cambio masivo se iniciará con un primer bloque, en el que entran los procesos de funcionarización, promoción interna, convocatorias de libre acceso de diciembre de 2019, promoción específica y convocatorias derivadas de los de 2022. El segundo bloque corresponde a procedimientos selectivos de estabilización convocados por el sistema de concurso de méritos, mientras que el tercer y último sería el de la estabilización por el sistema de concurso-oposición.
Los sindicatos censuran que la “inacción” de la consellería en los últimos años acabará creando “un embudo”, que ahora hay que resolver en un verano que se plantea conflictivo para la Administración autonómica. ¿Por qué ahora se hace todo al mismo tiempo? Para los representantes de los trabajadores, la respuesta está clara: para evitar demandas de los empleados públicos que se sumen a las que ya están en marcha y para eludir la acción de la Unión Europea, que viene advirtiendo desde hace años de un exceso de temporalidad que se solucionará por la vía de la estabilización. “Se pudo hacer todo mucho antes y nos hubiéramos evitado este caos”, resume el portavoz del CSIF.