Grupos radicales planean el boicot activo a la Vuelta ciclista a España de 2026. Entre esos grupos se encuentran Òmnium Cultural, Priorat Antifeixista, El Poble que Volem, Fundació Quim Soler, Centre Quim Soler, Plataforma pel Riu Siurana, Priorat per Palestina y Casal Popular Carrasc. Pese a que Òmnium es una organización cercana a ERC, su delegación en la comarca del Priorat apoya activamente la iniciativa, alentada también por los gurús nacionalistas más extremistas.
“Este próximo miércoles 26 de agosto, la Vuelta a España desplazará su circo mediático al Priorato con una quinta etapa que tendrá la salida en Falset y recorrerá los términos de Marçà, Capçanes y Guiamets, y con final en las Terres del Ebre. Desde la izquierda independentista y colectivos sociales en defensa del territorio lo tenemos claro: este espectáculo ni nos representa ni nos aporta nada bueno”, reza un escrito conjunto de las organizaciones citadas.
Las plataformas extremistas llaman a los vecinos “a movilizarse, organizarse y llenar cada palmo del recorrido con esteladas, pancartas y consignas en defensa de la tierra": "Dejemos bien claro que la Vuelta no ha de tener normalidad en su paso por nuestros pueblos. ¡Ni España ni vuelta! ¿En el Priorato no nos harán españoles!”.
El fondo del plan bebe de las fuentes de la hispanofobia que ha abrazado en los últimos años el independentismo radical. “No podemos obviar la clara función ideológica de este show: la Vuelta es un instrumento de propaganda del Estado español, que busca ‘normalizar’ su presencia y españolizar un territorio políticamente posicionado. Pretender imponer esta festividad españolizadora en una comarca históricamente comprometida con la defensa de los derechos nacionales y sociales de los Països Catalans es una provocación directa y una irresponsabilidad política por parte de las instituciones que le abren las puertas”.
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Juan Fernández-MirandaLos extremistas justifican también su postura con motivos sociales, arrogándose la representatividad de toda la población de la comarca, que es una de las más impermeables al soberanismo. De ahí que disfracen algunas cuestiones puramente independentistas con justificaciones sociales y afirmen que “los grandes acontecimientos deportivos no son más que un escaparate vacío al servicio de la turistificación masiva y el beneficio privado, utilizando nuestro paisaje como un simple decorado”.
De esa manera, se normaliza la radicalización de Òmnium Cultural, por ejemplo, que, pese a estar cercana a los postulados republicanos, apoya la movilización. “Encontramos del todo inaceptable e incoherente que el Ayuntamiento de Falset y el gobierno comarcal de ERC, con el apoyo de la Diputación de Tarragona, actúen como promotores activos de un espectáculo insostenible que vende la comarca al capitalismo deportivo, ignorando las prioridades reales y el trabajo de fondo de la gente del territorio”, acusan las organizaciones protestantes.
Protesta en la fronteraPero el independentismo recibe a la Vuelta dividido. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) se desmarcó de esta convocatoria, aunque también hizo un llamamiento para protestar contra la competición en el Pas de Salses, en el sur de Francia. En realidad, lleva desde principios de mes preparando una gran concentración en la frontera entre Francia y España, al paso de la carrera. “La Vuelta es, antes de nada, una competición española al servicio de la proyección internacional de la marca España. El deporte es solo el vehículo que quiere esconder y disfrazar la realidad de un estado que niega las identidades nacionales”, acusa la organización en un escrito.
Para el día 26, la ANC convoca protestas en las localidades tarraconenses de Falset, Deltebre, Amposta, Tortosa y Roquetes, donde tiene su llegada la etapa. Las convocatorias son a diferentes horas, a medida que va avanzando la carrera. De esa manera, quiere mantener una presencia constante de banderas esteladas e independentistas protestando a lo largo de todo el recorrido.
En el año 2025, el boicot se produjo por parte de organizaciones de la izquierda española, que apoyaban el rechazo promovido por la plataforma BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), una entidad propalestina que lideraba las protestas por la participación de un equipo israelí en la competición. El Gobierno central dejó hacer y no preservó suficientemente la integridad de la carrera, lo que le valió ácidas críticas por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI).