Las palabras ya no las carga el diablo, sino la política, y una cuestión terminológica puede convertirse en causa de confrontación frontal. El Ayuntamiento de Valladolid decidió excluir el término ‘violencia de género’ de un protocolo de vivienda, y sustituirlo por ‘violencia doméstica’, y se ha armado la de San Quintín. Primero lo denunció el PSOE regional, que lo interpretó como una intolerable pérdida de derechos de las mujeres, y ahora ha entrado en escena el Ministerio de Igualdad anunciando que tomará “medidas” contra el consistorio.
Nadie ha sido capaz de explicar qué ventajas prácticas concretas tiene para las mujeres usar el término ‘violencia de género’ en vez de otros, pero es innegable su relevancia política desde que fue instaurado como principio rector en la ley de 2004. El Ayuntamiento de Valladolid defiende que el término alternativo utilizado, ‘violencia doméstica’, incluye a las víctimas de ‘violencia de género’, que no dejarán de poder optar a las viviendas, pero también a otras víctimas que no encajan literalmente en los esquemas de la ley, pero que sufren perjuicios similares. Pero los socialistas insisten en que la ‘violencia de género’ se queda fuera.
“No amplía la cobertura, sino que sustituye, y se carga de un plumazo el concepto violencia de género”, ha asegurado el líder socialista Carlos Martínez. Ana Casado, la secretaria de Vivienda socialista, que fue quien denunció la mutación terminológica, subrayó que las dos expresiones no significan lo mismo y que la sustitución “genera inseguridad para los ciudadanos”.
Pero la polémica subió de nivel este fin de semana al anunciar la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la voluntad de su departamento de “tomar medidas” que permitan “revertir” ese cambio. A juicio de la ministra vallisoletana, el consistorio “se ha aferrado al negacionismo de la ultraderecha y está dando la espalda a muchas mujeres que pueden tener en una vivienda la salida a una situación de violencia”.
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Europa PressRedondo calificó la decisión municipal de “despropósito” y “un intento de retroceder dos décadas” en la lucha contra la violencia de género. “No es una cuestión semántica. Tiene consecuencias sobre los derechos de las víctimas”. Por ejemplo, según aseguró la ministra, supondría “dejar fuera de la protección específica a mujeres cuando no conviven con su agresor”.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, salió al paso este lunes asegurando, una vez más, que el gobierno municipal “sigue protegiendo en vivienda a las víctimas de violencia de género”, que no quedan excluidas. También resaltó que el nuevo protocolo municipal, dirigido a la protección de colectivos vulnerables, mejora la tramitación administrativa, al reducirla a tres meses, cuando anteriormente podía prolongarse un año.
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Ana SomavillaEl alcalde resaltó que, de los 40 alojamientos provisionales con que cuenta la ciudad, 16 están utilizados por mujeres víctimas de violencia de género, y le tomó la palabra a la ministra en su voluntad de ‘revertir’ las políticas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. El alcalde confió en que Redondo “revierta” la constante reducción de fondos que Valladolid recibe del Ministerio de Igualdad y recordó que en 2023 la aportación era de 131.434 euros, y en 2026 ha caído hasta los 114.735 euros, lo que supone un 17% menos en total.
“Ninguna mujer víctima de violencia de género queda excluida de la protección que establece la legislación por el hecho de que el término violencia de género no aparezca literalmente en un protocolo municipal”, explicó la semana pasada la concejala de Turismo, Blanca Jiménez. Es más, la edil presentó una web del Ministerio de Presidencia en la que se refiere literalmente a las ‘víctimas de violencia de género y/o doméstica’, con lo que dio a entender que no existe una separación tan radical entre ambos.
“Son ganas de enredar y un gran desconocimiento por parte de la ministra, lo que no me extraña nada en Ana Redondo”, aseguró ayer la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Irene Carvajal, de Vox. El término ‘violencia doméstica’ no excluye a las mujeres víctimas de ‘violencia de género’ y permite incluir otros casos, como los de madres o abuelos que son agredidos por sus hijos o nietos. Asimismo, aclaró que permite incluir a mujeres que sufren situaciones de violencia incluso sin convivencia.
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Pero la recriminación fundamental de Carvajal se refirió a la confusión de dimensiones legales en torno a esta cuestión. La teniente de alcalde precisó que las políticas de realojo para víctimas de violencia que establecen tanto la legislación regional como la nacional no son competencia de los gobiernos locales, sino de la Consejería de Vivienda. Las viviendas blancas que se adjudicarán mediante el protocolo de la polémica están dirigidas a colectivos vulnerables con un máximo nivel de ingresos y, además, no son viviendas de protección oficial, sino inmuebles comprados en el mercado libre y en un régimen abierto.
“No se genera ninguna inseguridad jurídica porque la competencia de brindar alojamiento a víctimas de violencia de género corresponde a la Junta y al Estado, no a los ayuntamientos, y se refiere a viviendas de promoción pública, no a viviendas blancas como las nuestras”, aclaró Irene Carvajal.