“Esto es como si vamos a una revisión médica. Algo siempre nos van a encontrar...”. Fueron las palabras del letrado Emilio Cortés en el arranque de un juicio que se ha convertido en uno de los focos nacionales de la semana. Cortés es el abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, imputado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Se ha sentado en el banquillo acusado por la forma en que accedió a su plaza de coordinador de los conservatorios en la Diputación de Badajoz en 2017, por cómo adaptó esa plaza después –a supuesto beneficio propio– a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y por cómo colaboró para que otro puesto se adjudicara a un amigo suyo. En estas inculpaciones también está involucrado Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación pacense y exlíder del PSOE de Extremadura.
Mucha tensión, jornadas maratonianas de interrogatorios y declaraciones, testimonios cruzados y un despliegue mediático inusual han sido los ingredientes. Una puesta en escena aderezada con la manifestación expresa de la Audiencia Provincial para subrayar su “imparcialidad” y las recriminaciones de “sesgo político” desde las defensas a las acusaciones populares, representadas por el colectivo ultra Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, Abogados Cristianos, Vox y PP.
El proceso empezó dándole cierto oxígeno a los dos implicados principales. Para Sánchez desaparecía el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerarse que había prescrito, no obstante, era una cuestión leve. Por lo que se le pide prisión es por su influencia directa en los supuestos enchufes. Por su parte, Gallardo se libraba de ser juzgado por la presunta contratación irregular de Luis Carrero, el citado amigo de Sánchez e imputado igualmente. El tribunal estimó en este caso "acusación sorpresiva", ya que Gallardo no tuvo la oportunidad de declarar durante la fase de instrucción por esta cuestión.
En ambos casos fueron las defensas las solicitantes y lo apoyó la Fiscalía, la cual, habría que recordar, había pedido la absolución de los 11 procesados (a los tres nombrados se suman otras ocho personas, entre ellos políticos y trabajadores de la Institución provincial).
Los primeros testigos que pasaron por la Audiencia movieron la balanza a favor de los inculpados. Fue el caso de Evaristo Valentí, uno de los directores del conservatorio y autor del ya famoso correo electrónico en cuyo asunto aparecía el término el hermanísimo. Lo mandó el mismo día que se publicaron las bases que describían el puesto de coordinador de conservatorios.
Si bien durante la fase de instrucción aseguró que, meses antes de que la plaza fuera adjudicada a David Sánchez, ya había “un rumor” de que sería para él, esta vez aclaró que ese citado “rumor” se refería a que era uno de los candidatos, el más llamativo, no a que fuera a ser el elegido. De hecho, aseguró que ni siquiera recordaba haber usado este término y que resultó “una sorpresa verlo en los informativos”.
No obstante, Valentí sí declaró que en ningún momento la idea de crear ese puesto había sido suya, todo lo contrario, no lo veía necesario ni apropiado, aunque reconoció que David Sánchez tenía la formación adecuada para cubrirlo.
Por su parte, las otras dos directoras de conservatorio que hablaron ante el tribunal, Rosario Mayoral y Yolanda Sánchez, coincidieron en defender la importante labor en la difusión de la música llevada a cabo. La segunda de ellas aseguró: “La ayuda de Sánchez nos vino muy bien”. Eso sí, mientras estuvo de excedencia y baja paternal nadie lo sustituyó.
También pasaron por la Sala de la Audiencia Provincial algunos de los otros 10 aspirantes a la plaza de coordinador de conservatorios, como el profesor de violín Nerses Avakimyam Gasparov, quien afirmó que no observó nada anómalo en las bases de la convocatoria ni en el proceso selectivo. Lo cierto es que ninguno de los candidatos denunció irregularidad alguna.
También destacó Gasparov la importancia del proyecto de Ópera Joven puesto en pie por David Sánchez y enmarcado dentro de la Oficina de Artes Escénicas: “Es muy positivo porque involucra a profesores y alumnos y porque permite hacer prácticas”, aseguró.
Asimismo, los funcionarios de la Diputación de Badajoz que también declararon insistieron en que no apreciaron ninguna incorreción y que la Institución provincial actuó con respeto a la legalidad.
Pero la situación empezó a girar a favor de las acusaciones con el testimonio de otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, profesora de música, quien habló de “desigualdad y falta de oportunidades” en el proceso selectivo, aunque no lo denunció en su momento porque, dijo: “No me iba la vida en ello”. También afirmó que “un amigo” le había dicho que “la plaza ya estaba adjudicada”.
Así, su testimonio puso en duda la legalidad de la contratación del hermano del presidente del Gobierno.
Y la balanza siguió inclinándose hacia las acusaciones populares con las declaraciones del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas. Sus palabras fueron directas: atribuyó a Gallardo la iniciativa de diseñar el puesto que después se adjudicó a David Sánchez. Es su deducción tras el análisis de los correos electrónicos intervenidos.
Balas aseveró que la plaza –con categoría de alta dirección y de libre designación– no salió del área de Cultura y que respondía más a una decisión política. Añadió, tras las preguntas de Manos Limpias, que estaba pensada para “una persona determinada”.
Lo cierto es que averiguar de quién fue la iniciativa de constituir el cargo de coordinador de conservatorios es una de las claves del juicio para establecer las responsabilidades de los implicados en este proceso judicial.
Balas también recalcó: “La seguridad de buscar alojamiento es llamativa”, en referencia a la suposición de que David Sánchez indagó en las opciones de vivienda que había en Badajoz, ciudad en la que no residía, antes de saber que la plaza era suya.
Qué era la Oficina de Artes Escénicas y dónde estaba ubicada se ha convertido en otro de los asuntos fundamentales de este proceso. En las esperadas declaraciones de David Sánchez en la Audiencia Provincial, durante las que solo respondió a las preguntas de su abogado, explicó que no se trataba de “un espacio físico con ventanilla” sino de una “categoría administrativa”. Esta vez sí contestó sin titubeos, con más convicción que durante la fase de instrucción.
Sobre la modificación de su cargo de coordinador de conservatorios a jefe de la citada oficina, remarcó que él se enteró de este cambio cuando ya estaba hecho y que entendía que el mismo se había producido “por la evolución natural de las actividades que ya se realizaban”. En este sentido, resaltó su labor de conectar alumnos, egresados y profesores con el proyecto Ópera Joven, que incluía “talleres vocales, creación teatral y proyectos expositivos”.
Otra cuestión decisiva es la contratación de su amigo Luis Carrero, que ejerció en la Institución provincial de jefe de coordinación de actividades transfronterizas. A Sánchez se le acusa de amañar el procedimiento para beneficiarlo. Durante su declaración reconoció alguna “colaboración puntual” antes de que Carrero llegara a la Diputación pacense. “Me ayudaba a redactar mejor mis ideas, pero era algo desinteresado completamente”, indicó.
En relación al correo electrónico del que se extrae que ambos ya sabrían que el puesto era suyo antes de que fuera oficial, Sánchez explicó ante la Sala de la Audiencia: “Yo escuché en los pasillos que iba a ver un refuerzo en el área de Cultura y le dije: ‘Estate atento por si te interesa’. El malentendido es que confundí que la plaza estaba adjudicada con la publicación de la plaza, pero inmediatamente, en ese mismo correo, él me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario”.
Acerca de las acusaciones que recaen sobre él por su presunta intervención en la creación de puestos, David Sánchez expresó con contundencia: “No tengo capacidad de influir en nada”.
Otra de las declaraciones que más expectación generaba era la de Gallardo que, al igual que el resto de imputados, solo contestó a las cuestiones de su defensa. Sus palabras más llamativas fueron la respuesta que dio a la UCO después de ser señalado directamente como el ideador del polémico cargo. “Es un enorme desconocimiento de cómo funciona una administración pública, se mezclaron conceptos”, dijo. “Asistí a una novela de ficción”, añadió en relación a las conclusiones de los representantes de la Guardia Civil basadas en los emails intervenidos en los que, de momento, solo hay indicios.
Sobre su relación con Pedro Sánchez, que en la fecha en la que su hermano se incorporó a la Diputación de Badajoz todavía no era presidente del Gobierno, ni siquiera líder del PSOE, aunque lo sería en pocos días, aseveró: “Tampoco es que tuviera una relación muy fluida con él, ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos”.
En este sentido, manifestó: “Alguien de mi gabinete me dijo que entre los aspirantes estaba él y dije: que gane el mejor”.
Gallardo no perdió la oportunidad de lanzar un dardo a quienes han empujado para que él y los demás estén sentados en el banquillo. “Las acusaciones políticas, perdón, populares”, soltó. La ironía le costó la llamada de atención del presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio.
El resto de imputados declararon posteriormente y tuvieron en común la defensa del procedimiento para crear y adjudicar las plazas en cuestión así como la afirmación de que ninguno sabía quién era David Sánchez.
Entre ellos destacó la intervención de Manuel Candalija, director del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, quien defendió que el proyecto de Sánchez fue el más interesante durante el proceso de selección. Igualmente afirmó que la propuesta de Cristina de Frutos, la aspirante que ejerció también de testigo, evidenciaba cierto “desconocimiento sobre la administración local y el funcionamiento de los conservatorios”.
Asimismo, Candalija aseguró sobre Luis Carrero que fue el único que se presentó a la plaza que después ocupó.
Con los interrogatorios ya finalizados, hubo una petición de Manos Limpias para que se recuperaran las declaraciones de David Sánchez durante la fase de instrucción, las cuales fueron muy polémicas por la dificultad del imputado para explicar su labor y dónde se desarrollaba.
La Sala de la Audiencia Provincial aceptó la solicitud y se volvieron a escuchar las preguntas de la jueza Beatriz Biedma.
Llegado el momento de las conclusiones definitivas, lo llamativo fue que si bien Manos Limpias, impulsora de este proceso judicial, mantuvo su escrito de calificaciones incluyendo la rebaja de petición de pena a Gallardo a año y medio de cárcel tras la decisión de la Sala de no inculparle por la causa de Luis Carrero, otras acusaciones populares como PP y Vox, que fueron de la mano, decidieron agravar las penas y solicitar hasta el doble: seis años de prisión para Sánchez y cuatro para Gallardo. Las defensas protestaron, lo calificaron incluso de “insólito”, pidieron un aplazamiento de 10 días y hasta que se declarara “indefensión por acusación sorpresiva”. Pero la Audiencia decidió aceptar la elevación de penas y continuar con los plazos ya establecidos.
El juicio seguirá este lunes 8 de junio, será entonces el momento de los informes finales.