La legislación más esperada en la previa de las elecciones generales del 29 de noviembre ha sido aprobada este jueves en la Diputación Permanente del Congreso. Es la convalidación de uno de los dos denominados ‘decretos Maricarmen’, en vigor desde el 8 de octubre, el que incluye medidas como la prórroga automática de los alquileres. El texto fue rechazado hace unas semanas por el Congreso con el voto en contra de Junts, PP y Vox, una negativa que motivó el adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Se trata de un paso parlamentario que llega un día después de la huelga general por la vivienda y en la víspera del inicio oficial de la campaña electoral. Tras la convocatoria anticipada, el Gobierno decidió recuperar los textos denegados con algunos cambios mínimos, necesarios para que aprobarlos en el Consejo de Ministros no constituya un fraude de ley.
El Gobierno ha conseguido sacar adelante la legislación ahora porque la correlación de fuerzas para convalidarlos en la Diputación Permanente de la Cámara Baja es diferente a la del Pleno ordinario. Al estar las Cortes disueltas, este órgano está compuesto por 69 miembros, de manera que el bloque que respalda al Gobierno (PSOE, Sumar, Bildu, ERC, Podemos y PNV) suma 35 votos a favor, frente a los 34 votos en contra del bloque opositor (Junts, PP y Vox).
Así, ha sido convalidado el primero de los decretos, que incluye la mayoría de las medidas, como son la paralización de los desahucios cuando no haya alternativa habitacional y la vivienda sea titularidad de un fondo buitre hasta diciembre de 2030, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que finalicen antes de 2029 y la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. También prohíbe que los fondos buitre adquieran pisos por debajo del 70% de su valor de tasación hasta 2030, topa las subidas anuales de las rentas de alquiler hasta el final de 2027 y crea el programa público ‘Tu Casa’ que concederá préstamos de hasta 50.000 euros para la entrada de la primera vivienda.
El segundo de los decretos, que proponía específicamente facilidades para la renovación automática del alquiler, no ha recibido la mayoría suficiente en la Diputación Permanente por el rechazo del PNV, que ha vuelto a votar en contra argumentando que va más allá de proteger a las personas vulnerables y poner coto a los fondos de inversión.
Durante el debate previo al escrutinio, los representantes de la izquierda han defendido que los decretos son la continuación a la huelga general celebrada este miércoles y han planteado las votaciones como un “un referéndum a la vivienda”. Asimismo, han insistido en la necesidad de protección de las familias inquilinas frente la incertidumbre actual, y el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha acusado a quienes se oponen al primer decreto de ser responsables de que cinco millones de inquilinos no puedan ahorrar 4.341 euros durante el tiempo que transcurre la prórroga, según un estudio elaborado desde su ministerio.
Desde Podemos, Ione Belarra ha ironizado durante su intervención con el hecho de que la votación sobre los decretos se produzca a horas de comenzar la campaña. “Pura casualidad”, ha dicho. Sin llegar a considerar suficientes las medidas, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha reclamado más impuestos ante quienes “acumulan” viviendas como negocio, porque la vivienda “es un derecho como el respirar, la comida o el agua”.
Por su parte, el PP ha reprochado al Gobierno haber hecho “toneladas de demagogía” con el problema de la vivienda. Consideran que el Ejecutivo “ha colado por la puerta de atrás” un decreto que el Pleno del Congreso ya rechazó. “Es el epílogo de la degradación de un Gobierno bananero”, ha sostenido el diputado del PP, Sergio Sayas. Vox ha vuelto a relacionar la falta de oferta habitacional con la llegada “en los últimos cinco años a casi seis millones de personas”. El Partido Popular y Vox han asegurado que derogarán esta normativa, si llegan a gobernar, pero los efectos más importantes de la ley, como la prórroga de los alquileres durante dos años, no podrán ser revertidas en ningún caso.
La votación que ha tenido lugar en la Diputación Permanente se ha presentado como el colofón a meses de movilización social por el derecho a la vivienda. Desde las manifestaciones y acampadas a la huelga general del 11N, todo estalló con el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que pagaba religiosamente su alquiler hasta que la empresa Urbagestión adquirió el inmueble y exigió triplicar su renta, una subida muy superior a la pensión de la inquilina. Al no poder asumir las condiciones, la justicia ordenó su desahucio el miércoles 23 de septiembre de 2026. La resistencia que ejercieron esa mañana los activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid y la respuesta policial convirtieron la historia de Maricarmen en la chispa que encendió una lucha social por la vivienda en España sin precedentes.
Pocos días después del establecimiento de las acampadas en las principales ciudades, el Gobierno llevó de manera urgente al Congreso dos decretos de vivienda similares a los votados hoy. Sin embargo, las iniciativas decayeron con el decisivo rechazo de Junts al primer decreto y el del PNV y Coalición Canaria al segundo.
La derogación fue clave para que Sánchez anunciase el 5 de octubre que anticipaba las elecciones y, sumado a la noticia del fallecimiento de Maricarmen el 7 de octubre, aún más definitivo para que los sindicatos confirmasen que llamaban al país a una huelga general el 11 de noviembre. En regiones como Cataluña el paro superó el 80% y, en Madrid, más de 120.000 personas, según delegación del Gobierno, se manifestaron por el acceso a la vivienda digna a pesar de las inclemencias meteorológicas.