Ha sido la huelga general de la vivienda. Del coste de la vida, de no llegar, de no poder emanciparse ni tomar decisiones. La huelga de quienes malcomen a final de mes, siguen en casa de sus padres y del miedo a un futuro laboral en plena transformación. La octava huelga general en democracia que interpela a quienes tienen trabajo y a quienes no. La huelga más generacional de nuestra historia.
El acierto de los sindicatos ha sido dejarse arrastrar por la explosión sobrevenida del desahucio de Maricarmen. Por una indignación latente que solo necesitaba una mecha. Y no quedarse descolgados de su razón de ser. La vivienda es la diana en la que confluye todo un pantone de malestares. Es la gran crisis de las clases medias, la fractura de las familias sin distinción. El 67% de los jóvenes de 35 años que viven con sus padres se han dado la mano con trabajadores del metal, profesores, conductores, limpiadores, sindicalistas... padres y madres trabajadoras que también han podido hacer huelga y tienen a sus críos viviendo en casa.
Este 11N ya no puede medirse como en los noventa. Más allá del seguimiento sindical y las cifras que den unos y desdeñen otros, los medidores han cambiado. La caída del consumo eléctrico no es un indicador definitivo. Ni la actividad es igual, ni se trabaja igual. Hay un agujero propio de nuestros tiempos. Los miles de pequeños autónomos que viven de facturar lo que pueden y no tienen sindicato ni empresa a la que pedir cuentas. En un país de Pymes, muchos y muchas temen las consecuencias de parar.
El Gobierno ha apoyado la convocatoria como si no le interpelara. «Arrimar el ascua a su sardina», en palabras de Pepe Álvarez. Su mérito ha sido convertir la huelga en una palanca política a su favor. Su error sería pensar que ese rédito se trasladará automáticamente a las urnas el 29N.
Es una huelga con varios sin precedentes. El principal, el hostigamiento contra los sindicatos por parte de la oposición. Los insultos del PP en fondo y forma no caben en un partido de Estado. A UGT y CCOO se les puede reprochar que no la convocaran antes o coincidir con la precampaña electoral. Pero su legitimidad es incuestionable. A quienes la tachan de ilegal conviene recordarles la naturaleza de la huelga como instrumento de protesta de los trabajadores y su cobertura constitucional y legal. El 8 de marzo de 2018 ya hubo un precedente. Ante el mayor paro de mujeres de la democracia, fueron ellas quienes lo impulsaron y los sindicatos quienes acabaron dándole cobertura legal y sumándose a la reivindicación de igualdad.
El PP, al copiar y superar a Vox, ha cometido un error del que es difícil volver. Ayuso lanzó el “basura sindical” y el PP lo ha legitimado. La posición de la dirección nacional, retuiteada por el grupo parlamentario popular, ha difundido una imagen de IA con falsos sindicalistas atiborrándose a gambas y cerveza. Tan chusco como impresentable. Tan fuera del respeto a los agentes del diálogo social que hace saltar toda convención de un partido de gobierno. Hasta la patronal ha sido cautelosa y ha guardado las formas respetando el día de las organizaciones sindicales.
Para competir con Vox el PP se está transformando en otra cosa. Saliéndose de un tablero al que cuesta volver a colocar las fichas. En 2024 Alberto Núñez Feijóo fue el primer líder de la oposición en asistir al 44 Congreso Confederal de UGT. En su discurso, aplaudido entonces, recordó a su padre. “Soy hijo de un empleado de la construcción que cuando acabé mi carrera se fue al paro con 50 y pocos años. Nunca se volvió a recuperar anímicamente. El paro cambió su vida y también la mía”. De este Feijóo parece no quedar nada. Y después del “basura sindical” es difícil imaginar qué otros umbrales decidirá traspasar.