El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves que la Dirección General de la Policía realizará investigaciones específicas sobre las cargas policiales durante la jornada de huelga del 11N.
"Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que la Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes", explican fuentes del ministerio. El ministro ha dado la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.
Según fuentes oficiales, Policía Nacional y Guardia Civil informaron de 1.144 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 47 detenciones –excluyendo Euskadi y Cataluña–, la mayoría en Madrid, donde ascienden a la veintena.
La decisión de Marlaska se produce en medio de una oleada de reprobaciones y peticiones de dimisión. "No tiene mucho sentido ya apelar al ministro. Cuanto más tiempo sostenga el PSOE a Marlaska, más transferencia de la responsabilidad se le hace al presidente del Gobierno", ha señalado Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio, en la Cadena Ser. Verónica Martínez Barbero (Sumar), se ha expresado en la misma línea: "No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo".
Alberto Rodríguez (Compromís) ha exigido también la dimisión del titular de la cartera: "Si no puede controlar a la policía, no puede ser ministro". Enrique Santiago (IU), ha tildado la situación de "inaceptable" y ha recalcado que la Policía "hizo uso abusivo". Enrique Maíllo (IU), por su parte, ha agregado que "Marlaska sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado".
La dirigente de Podemos Irene Montero ha pedido su dimisión por ser el responsable de una "represión intolerable" y cargas policiales contra los manifestantes. La exministra ha denunciado que múltiples manifestantes y trabajadores fueron heridos con "cabezas abiertas, costillas rotas y ojos hinchados" debido al uso de porras y gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha exculpado a su compañero, pero ha rechazado "algunas imágenes" que dejó la jornada: "No quiero prejuzgar nada y no quiero predeterminar nada. Lo que sí sé es que he visto imágenes que no me han gustado y ahora tienen que ser los propios mandos los que determinen si ahí ha habido algún uso desproporcionado", ha subrayado. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha descartado la dimisión del ministro.
El uso de gas pimienta y pelotas de goma fue constante durante la jornada, según han denunciado los sindicatos. En Mercamadrid, una quincena de personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios tras las cargas, tal y como reportó CCOO. También dejaron heridos las cargas contra los piquetes que acudieron a las cocheras de la EMT, en Madrid. Ya a mediodía, las fuerzas de seguridad volvieron a cargar contra los piquetes informativos en Gran Vía, donde el uso de gas pimienta dejó numerosos heridos. Al término de la manifestación por la vivienda organizada en la capital, los agentes volvieron a usar gas pimienta y pelotas de goma contra quienes se manifestaban pacíficamente.
En València, el Sindicat de Llogateres ha denunciado cargas en la rotonda de Miramar, uso de la fuerza en Benimaclet y violencia desproporcionada contra piquetes. Algo similar señalaron organizaciones sindicales y formaciones políticas en Granada, especialmente durante los piquetes en el Metro, donde también se pudo constatar uso de gas pimienta.
Amnistía Internacional está actualmente documentando "actuaciones policiales preocupantes" en Madrid, Alicante, Castelló, Vitoria, València, Málaga, Granada o Santiago, con "golpes de porra a personas que protestaban pacíficamente", el uso de gas pimienta "lanzado de forma indiscriminada contra la multitud" y "numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios", incluyendo algunos traslados al hospital.
A las puertas del 29N, Marlaska se consolida como el ministro más longevo del actual Gobierno y uno de los que más crisis acumulan a sus espaldas. Las peticiones de dimisión han pesado sobre él en situaciones críticas, como la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta. En aquel momento, las críticas emergieron eminentemente entre la derecha y la ultraderecha, igual que sucedió tras la denuncia por violencia sexual contra el ex director de la Policía, José Ángel González.
Pero los reproches a la gestión de Marlaska también han llegado por parte de la izquierda parlamentaria. Ocurrió con la compra de munición a Israel, en abril de 2025. Podemos pidió expresamente su dimisión, por mantener la adquisición de balas en pleno genocidio contra la población palestina. La operación provocó una crisis dentro de la coalición y Pedro Sánchez ordenó finalmente rescindir el contrato. La izquierda alternativa también exigió explicaciones tras conocerse diversas infiltraciones policiales en movimientos sociales. Entonces, formaciones como ERC pidieron directamente su dimisión, mientras que Podemos, Compromís o Sumar exigieron el esclarecimiento de lo sucedido.