Tras el pánico inicial por los terremotos registrados en Granada, llega la hora de hacer balance. La Junta de Andalucía ha inspeccionado un total de 976 edificios públicos y viviendas en distintos municipios de la Vega granadina y en la capital tras la reciente serie sísmica, una evaluación técnica que ha arrojado que 43 inmuebles, el 4,4%, se encuentran en nivel rojo, lo que significa que su uso no es seguro en estos momentos.
Lo detalló ayer la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, durante una visita al Albergue Inturjoven situado en la calle Ramón y Cajal de la capital granadina, instalación dependiente de la Junta que acoge temporalmente a las familias que han tenido que ser desalojadas de sus hogares de manera preventiva.
Durante su intervención para hacer balance de los daños ocasionados por los terremotos, Díaz desgranó los datos de las inspecciones realizadas hasta la fecha. De los 976 edificios revisados, la gran mayoría, 705 inmuebles que representan el 72,2%, se encuentran en nivel verde, lo que indica que no presentan daños significativos. Por su parte, otros 217 edificios, un 22,2 % del total inspeccionado, han sido catalogados en nivel amarillo, lo que implica que presentan daños que requieren de una revisión más exhaustiva y de la adopción de medidas preventivas. Ningún edificio ha sido clasificado en nivel negro, el que determina la ruina del inmueble.
En el caso específico del municipio de Las Gabias, uno de los más afectados por los movimientos de tierra, la Junta de Andalucía ha activado al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para que realice diversas pruebas diagnósticas especializadas en los pilares cortos de los seis edificios que han tenido que ser desalojados.
De otro lado, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha recibido 12.532 solicitudes de indemnización por daños materiales, la mayoría en viviendas, y estima, de forma preliminar, un coste para esa siniestralidad de más de 35 millones de euros. Un total de 11.719 solicitudes corresponden a viviendas y comunidades de propietarios; 17 a automóviles; 609 a comercios, almacenes y restos de riesgos; 152 a oficinas y 34 a riesgos industriales. Las solicitudes proceden de 74 municipios de la provincia de Granada, diez de la de Málaga y nueve de la de Jaén.
Las ayudas también están en marcha. La Diputación de Granada anunció un Programa Extraordinario de Cooperación Económica destinado a respaldar los gastos y actuaciones que los ayuntamientos de la provincia hayan tenido que asumir como consecuencia de los terremotos. El presidente de la institución supramunicipal, Francisco Rodríguez, presentó esta medida con la intención de acompañar a los municipios y acelerar la vuelta a la normalidad, dando así «continuidad» a la respuesta desplegada por la Diputación desde las primeras horas de la emergencia.
Podrán acogerse a este programa los consistorios de la provincia que hayan tenido que realizar actuaciones extraordinarias para garantizar la seguridad pública, proteger a la población, restablecer servicios o espacios públicos o atender otras necesidades derivadas de los terremotos.
Entre los gastos que podrán financiarse se encuentran las inspecciones técnicas extraordinarias de edificios, construcciones e infraestructuras, así como los honorarios de arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros y otros profesionales necesarios.