La empresa pública Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (Mercasa) contrató a Servinabar, propiedad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y de su socio Antxon Alonso de manera discrecional. La compañía encargó a la pequeña mercantil navarra un informe por algo menos de 15.000 euros, el límite legal para sacarlo a concurso. Así se saltó los controles para darlo a dedo a la compañía investigada por la Guardia Civil.
El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional centran sus pesquisas en esta pequeña constructora. El primero la considera la vía por la que Cerdán cobró presuntas mordidas de contratos de obras públicas a las que se presentó con Acciona. La segunda, por su parte, la incluye en una «trama» que dirigía la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario vasco Antxon Alonso.
La causa en la Audiencia Nacional se mantiene secreta, después de que el pasado sábado pasasen ante el juez los tres investigados. Díez y Alonso se acogieron a su derecho a no declarar. Fernández, por su parte, respondió a varias cuestiones para desligarse de los hechos investigados. El juez y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil creen que el grupo amañó presuntamente contratos y ayudas públicas dadas desde la SEPI por un valor de casi 133 millones de euros. Están investigados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y organización criminal. Tras declarar, los tres quedaron en libertad con medidas cautelares, y la causa se mantiene en secreto.
Uno de los contratos que se investiga es el de la contratación por parte de Mercasa de Servinabar para la realización de un informe sobre el posible cambio de sede de la sociedad pública. La causa se ha abierto tras el registro que la propia UCO realizó en la sede de la empresa de Cerdán dentro de las diligencias del «caso Koldo». Allí, los agentes encontraron documentación de «máximo interés» sobre la presunta manipulación de contratos públicos.
Mercasa pagó por la evaluación de Servinabar 18.119,75 euros, impuestos incluidos. Esto significa que el precio sin el IVA estuvo por debajo de los 15.000 euros, lo que le permitió no sacarlo a concurso público y otorgárselo directamente a la compañía de Cerdán. El juez fue muy claro en su escrito relativo a las actuaciones que atañen a Vicente Fernández en la causa. Cree que los investigados, «en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública», diseñaron una operativa para generar «de forma mendaz» la contratación de Servinabar y proporcionarse «un beneficio económico» para el grupo.
Los 18.119 euros de la adjudicación a dedo estaban destinados a emitir «un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa» para evaluar la idoneidad de su posible mudanza. El juez, además, apunta que Servinabar infló el coste de las obras de rehabilitación de la sede de Mercasa «de manera elevada». «Los elementos recopilados ponen de manifiesto, de manera indiciaria, tanto la innecesaridad de este contrato, como la mendacidad de su contenido», apunta el instructor.
Cinco contratos sospechosos
Además de la contratación para la posible mudanza de Mercasa, la Audiencia Nacional tiene sospechas sobre otras cuatro operaciones por parte de la «trama» de la «fontanera» del PSOE, Leire Díez. Por el momento, la UCO tiene atestiguado que los investigados se repartieron, presuntamente, 730.000 euros que destinaron a la compra de inmuebles «comunes» en Marbella y Jaca, en Zaragoza. El principal contrato sospechoso se otorgó desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que Vicente Fernández fue presidente entre verano de 2018 y octubre de 2019, aunque la controló en «la sombra» durante casi un año después, según las fuentes consultadas por este periódico. Las otras licitaciones las dieron empresas controladas por la propia industrial.
El importe más elevado se lo llevó el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos, que recibió en julio de 2021 112,8 millones de euros. Los acusados habrían aprovechado «su posición, relaciones y capacidad de influencia» dentro de la SEPI para priorizar este pago por delante de otras mercantiles que recurrieron al fondo para socorrer sociedades estratégicas durante la pandemia.
Otras dos adjudicaciones se dieron desde la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Grupo Sepides). La primera, por 18 millones de euros, fue a parar a Construcciones y Excavaciones Erri-Berri por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias. La tercera operación que se investiga fue la financiación de Arapellet SL con 17,3 millones de euros. Y la quinta, la adjudicación por parte de la pública Enusa en favor del despacho de abogados Carrillo y Montes.