Diez días después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz enviase a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a la sede del PSOE, los investigadores siguen afanándose en poner orden en la ingente información almacenada en los dispositivos informáticos de los investigados. Antes de estar en condiciones de analizar toda esa información, la Guardia Civil se afana en volcar toda esa documentación en la que posteriormente deberá indagar en busca de posibles indicios en relación con la presunta trama para dinamitar los procedimientos judiciales que molestan al Gobierno y al PSOE.
Entre esos dispositivos, llama la atención que, según ha podido saber LA RAZÓN, la UCO acumule más de 48 horas en las tareas de volcado del portátil de Santos Cerdán que los agentes se llevaron de un sótano bajo llave de Ferraz el pasado 27 de mayo.
El examen de esos archivos resultará crucial para determinar, en su caso, el papel preeminente que atribuye el juez Pedraz al exsecretario de Organización en la presunta organización criminal.
No solo eso. El instructor está a la espera de acumular en su juzgado toda la información sobre las «cloacas del PSOE» –ya ha instado al magistrado de Plaza de Castilla Arturo Zamarriego que se inhiba– para, una vez examinado ese procedimiento, tomar la decisión de llamar a declarar a los investigados (entre ellos la «fontanera del PSOE» Leire Díez, que ya compareció en la sede judicial, pero específicamente en relación con la causa matriz que involucra también al expresidente de la SEPI Vicente Fernández).
En un sótano bajo llave
Será a partir de entonces cuando, asimismo, el instructor afronte el ofrecimiento de acciones a los perjudicados por las supuestas maniobras de la «trama», entre ellos la magistrada del «caso David Sánchez» Beatriz Biedma, uno de los objetivos de las «cloacas» con el propósito de despeñar la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez.
Esta cuestión está por ahora aparcada, hasta el punto de que Pedraz ha desestimado la pretensión de personarse como perjudicado del exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a la espera de contar con toda la información posible sobre la operativa desplegada por la presunta organización criminal a cuyo frente sitúa a Cerdán.
Mientras la petición de inhibición trasladada a Zamarriego se resuelve, los agentes de la UCO hacen acopio de toda los archivos fruto de los requerimientos practicados. Y eso incluye el ordenador Macbook Air de Cerdán que la Guardia Civil se llevó de Ferraz.
Tal y como consta en el sumario del procedimiento, la UCO acudió a la sede socialista comisionada por el juez en busca de «las carpetas digitales» que el PSOE albergase de Cerdán «en la estructura de almacenamiento en red del partido». Pero en el responsable informático de la formación, Alfredo Ruiz Bravo, informó a los agentes de que el exdirigente «no tenía este tipo de carpetas, dado que utilizaba un ordenador de forma personal que le había proporcionado el partido».
Tanto Ruiz Bravo como el responsable de la Asesoría Jurídica del PSOE, Alberto Cachinero, pusieron entonces en conocimiento de la UCO que, tras su cese, todos los dispositivos informáticos y la documentación existente en el despacho de Cerdán estaban almacenados «en una sala bajo llave localizada en el sótano 3 del edificio» de la sede socialista.
Siete cajas con documentación
La UCO se desplazó al citado sótano de Ferraz, donde además del portátil de Cerdán se encontraban siete cajas de documentación y dos contenedores con papeles «que había sido tirada por este, además de otros dispositivos de almacenamiento informático». Tras analizar someramente su contenido (una vez Cachinero les trasladó que desconocía su contenido), los agentes concluyeron que podía tratarse de información relevante para esclarecer los hechos investigados.
Pero no había autorización expresa para llevarse esos efectos, por lo que el contratiempo obligó al instructor a ampliar sobre la marcha su orden de requerimiento, incluyendo expresamente toda esa documentación y dispositivos (para evitar futuras quejas de nulidad que comprometan la investigación).
Tampoco el registro de la vivienda de Cerdán en Milagro (Navarra) estuvo exento de sorpresas, pues la Guardia Civil localizó un contrato de mudanza para los días 21 y 22 de julio de 2025 tanto a este domicilio como a otro situado en la misma localidad, que según aclaró el propio investigado era propiedad de un «conocido» y donde conservaba «determinados efectos en el marco de la mudanza». Un hallazgo que determinó igualmente que Pedraz ordenase el registro de esta vivienda.
Mientras tanto, Cerdán defiende su inocencia y su abogado intenta que la causa que instruye Pedraz salga de la Audiencia Nacional y se investigue en los juzgados de Plaza de Castilla. Su defensa se ha opuesto a la inhibición que reclama el juez, con el apoyo de la Fiscalía, a Zamarriego porque considera que vulnera del derecho al juez predeterminado por ley. En el escrito remitido a Pedraz, el letrado Benet Salellas sostiene que «la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial no tienen capacidad para decidir el tribunal competente, que viene predeterminado por ley». Y ese es, recalca, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que tenía una causa abierta con anterioridad en relación con estos hechos.
Cerdán reivindica su inocencia
Tras guardar silencio sobre esta nueva imputación (Cerdán está también siendo investigado por el supuesto amaño de contratos de obra pública), Cerdán salió ayer al paso de la investigación que le sitúa en la cúspide de las «cloacas del PSOE».
Tras negar que estuviese al frente de la supuesta trama, se queja de que el objetivo de actuaciones como esta «no es investigar delitos, sino destrozar personas».
«Ante toda esta gravísima situación reivindico mi inocencia y la necesidad de proteger su presunción como un valor esencial en una sociedad democrática», enfatiza. Cerdán sostiene que no existe por su parte «relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad», con el grupo «Hirurok» («nosotros tres» en euskera, que según la UCO compartían Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso).
Para Cerdán, que tacha de prospectivas las investigaciones de la UCO, el objetivo no es otro que «destruir el prestigio, el nombre y la honorabilidad de determinados ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos».