Si hace unos días requería «medios extraordinarios ante una situación extraordinaria» como la que está viviendo Ceuta desde el asalto masivo del mes de julio, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado ahora ante la Delegación del Gobierno en Ceuta una aportación documental y comunicación de hechos sobrevenidos vinculada al requerimiento urgente del 20 de agosto, un paso que «no altera la eventual vía judicial de protección de derechos fundamentales». La entidad centra ahora su atención en varios estudios publicados en el ámbito del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
Dos de los documentos analizan, antes de los acontecimientos del 30 de julio, la «utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión política y diplomática y la tensión estratégica existente con Marruecos en relación con Ceuta y Melilla».
La asociación precisa que estos trabajos «son estudios académicos y de análisis y no constituyen por sí mismos una declaración oficial del Ministerio de Defensa que atribuya a Marruecos responsabilidad», sino que «su importancia es otra: demuestran que con anterioridad a la crisis la instrumentalización migratoria, las amenazas híbridas y la vulnerabilidad estratégica de Ceuta y Melilla eran riesgos ya estudiados en órganos vinculados al propio Ministerio de Defensa». Por este motivo, considera que «la cuestión ya no puede limitarse únicamente a determinar qué hizo el Estado después del 30 de julio. También es necesario conocer qué riesgos estaban previamente identificados, qué mecanismos preventivos existían y qué información había sido trasladada a los órganos políticos y operativos competentes». Así, la asociación pide saber «quién conocía estos análisis» e insta a que Defensa «certifique la autenticidad, fecha, autoría y naturaleza de los documentos y, especialmente, que determine si sus conclusiones fueron remitidas o puestas en conocimiento de Presidencia del Gobierno; Departamento de Seguridad Nacional; Ministerio del Interior; Ministerio de Asuntos Exteriores; Delegación del Gobierno en Ceuta y órganos de coordinación fronteriza u otras autoridades competentes».
La entidad reclama que se incorpore al expediente «una relación completa de los estudios, análisis, informes, evaluaciones, briefings y documentos de trabajo elaborados entre enero de 2021 y el 30 de julio de 2026 por órganos dependientes del Ministerio de Defensa relacionados con la instrumentalización de los flujos migratorios; amenazas híbridas vinculadas a Marruecos; riesgos relativos a Ceuta y Melilla; vulnerabilidades de la frontera terrestre y marítima; coerción diplomática mediante presión migratoria; alerta temprana y prevención; coordinación interministerial y escenarios de entrada masiva o saturación de capacidades en Ceuta».
La asociación solicita además que «se preserven específicamente las evaluaciones, alertas, notas o comunicaciones elaboradas durante junio y julio de 2026 y, particularmente, durante los días inmediatamente anteriores al 30 de julio, relativas a un eventual incremento de presión migratoria o a la necesidad de un refuerzo preventivo».
El escrito reclama igualmente que toda esta documentación «sea objeto de preservación inmediata, evitando su destrucción, eliminación, sobrescritura o pérdida, y que sea incorporada al expediente administrativo susceptible de ser remitido posteriormente al órgano judicial».
La entidad entiende que estos documentos «pueden convertirse en una prueba esencial para determinar si el riesgo era previsible; qué información tenían las autoridades; qué mecanismos de prevención existían; qué decisiones se adoptaron y si la respuesta estatal resultó suficiente ante una amenaza cuya naturaleza había sido previamente objeto de estudio».
Demanda también que, en caso de que alguna documentación estuviera «clasificada o sometida a reserva, no se produzca una negativa genérica, sino que se identifique, en la medida legalmente posible, la existencia del documento, su fecha, órgano autor y materia, valorando formas de acceso parcial o expurgado».
La asociación cree que la documentación ahora localizada puede introducir un elemento especialmente relevante en el análisis jurídico de la crisis. Que «estos informes prueben quién estuvo detrás de los acontecimientos si demuestran que el riesgo estratégico de instrumentalización migratoria sobre Ceuta y Melilla había sido estudiado con anterioridad. Por eso queremos saber qué sabía el Estado, cuándo lo sabía, a quién se trasladaron esos análisis y qué medidas preventivas se adoptaron», concluyen.
Aplicación efectiva de la legislación
La actuación se integra en la estrategia jurídica iniciada el 20 de agosto, cuando la asociación requirió formalmente al Gobierno que adoptara medidas extraordinarias en Ceuta, reforzara los medios de extranjería y seguridad, ejecutara los procedimientos legales y activara los mecanismos de cooperación europea. La entidad mantiene su posición inicial: no solicita expulsiones colectivas ni indiscriminadas, sino identificación individual, aplicación efectiva de la legislación vigente, respeto de las garantías jurídicas y protección de la seguridad y los derechos de todas las personas afectadas.