El Partido Popular ha identificado una vía estratégica para revertir la actual correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional: lograr que el centro derecha tenga en el Senado una mayoría de tres quintos que le permita nombrar cuatro magistrados propios sin necesidad de pactar con el PSOE ni con los partidos nacionalistas. Se acabaría así el rodillo de Cándido Conde-Pumpido que por sistema sentencia a favor del Ejecutivo.
Esto transformaría el actual equilibrio de 7 magistrados afines al Gobierno de Pedro Sánchez frente a 5 contrarios en una mayoría inversa de 5 a 7 favorable al bloque actualmente minoritario. Fuentes consultadas por OKDIARIO han confirmado esta hoja de ruta, aunque advierten de la necesidad de no lanzar las campanas al vuelo ante la dificultad aritmética que aún representa alcanzar ese umbral.
El mandato del actual presidente, Cándido Cónde-Pumpido, ha terminado hace unos meses, pero la maquinaria de la política está parada para buscar la renovación de los cuatro magistrados del Senado, cuyo mandato caduca ahora, incluyendo al ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de que ha terminado el maratón de elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, no se espera una renovación rápida.
Paradójicamente Pumpido no quiere seguir muchos meses más en la Corte de Garantías. Las voces pulsadas indican que, a sus 76 años, aguarda con deseo su nuevo destino, que podría pasar por integrar el Consejo de Estado, puesto vitalicio y muy bien remunerado.
Según las fuentes consultadas, los populares necesitarían sumar, en su momento, a su bloque de senadores los apoyos de Vox, UPN y alguna otra formación de centroderecha de carácter regionalista o nacionalista moderado.
A día de hoy, esa mayoría aún está fuera de su alcance: faltan del orden de 12 senadores para alcanzar el umbral de tres quintos requerido sobre los 266 escaños totales de la Cámara Alta, un quórum que permitiría al PP prescindir del voto socialista y de los partidos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez.
La estrategia cobra relevancia en un momento en que el actual presidente Pumpido lidera un pleno con mayoría oficialista que es un verdadero rodillo. Ha marcado jurisprudencia en materias tan sensibles como la amnistía o el aborto y otros derechos fundamentales.
El PP observa en la renovación senatorial una palanca institucional de primer orden para equilibrar esa balanza con magistrados de solvencia probada.
La distribución actual del Senado refleja la complejidad de la ecuación: el PP cuenta con 145 senadores; el PSOE, con 89; ERC y EH Bildu suman 9; el Grupo Plural —integrado por Junts, Coalición Canaria y BNG— reúne 7; el PNV dispone de 6; la Izquierda Confederal —Más Madrid, Compromís, Eivissa i Formentera al Senat, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai— agrupa otros 6; y el Grupo Mixto, donde se encuadran Vox y UPN, cuenta con 4 senadores. En total, 266 senadores conforman la cámara.
Las fuentes consultadas han sido taxativas al descartar cualquier acuerdo con las formaciones que son socios habituales del Ejecutivo de Sánchez. «No se contempla pactar con formaciones como Más Madrid o IU dándoles un magistrado», han señalado, añadiendo que en un asunto tan trascendente como la composición del Tribunal Constitucional «no puede haber pactos con nacionalistas o independentistas».
La gravedad institucional del órgano exige, a su juicio, una mayoría ideológicamente cohesionada y no una amalgama de intereses dispares.
El malestar de los populares con Pumpido, quien llegó al cargo en enero de 2023 respaldado por el bloque progubernamental, es un secreto a voces en los pasillos parlamentarios. El eurodiputado Esteban González Pons describió al tribunal dirigido por Pumpido como un «cáncer» de la democracia, lo que enfureció al jurista gallego.
Sin embargo, las mismas fuentes reconocen que, pese a que la figura del actual presidente «no les gusta nada», la prioridad estratégica es construir esa mayoría de tres quintos para «nombrar cuatro magistrados dignos» sin depender del PSOE ni de sus aliados.
Asuntos pendientes
Mientras tanto, varios expedientes de enorme calado jurídico y político duermen el sueño de los justos en el pleno del Constitucional.
Uno de los más espinosos es el recurso contra la Ley Trans impulsada en su día por la entonces ministra de Igualdad Irene Montero (Podemos). Según las fuentes consultadas, el magistrado Juan Carlos Campo —ex ministro de Justicia de Sánchez— no ha logrado armar una ponencia que contente a la izquierda feminista contraria a la Ley Trans, una norma que, en palabras de sus detractores, «borra a las mujeres» al reconocer como tales a los hombres que han transicionado a todos los efectos.
En paralelo, el Tribunal tiene sobre la mesa recursos relacionados con las leyes de memoria democrática. Las fuentes advierten de que, aunque una derogación de plano resultaría difícilmente sostenible, el Constitucional podría orientar su doctrina hacia la tesis de que dichas normas suponen una regresión de derechos fundamentales.
No sería la primera vez que el alto tribunal construye derechos sin necesidad de referéndum —como ocurrió con la ley del aborto o la de eutanasia—, aunque los mismos informantes subrayan que resulta llamativo que una nueva mayoría pueda revertir esa jurisprudencia con la misma facilidad con que se han producido los bandazos doctrinales de este mandato.
Puigdemont tendrá que esperar
El tercer frente abierto son los recursos de amparo de Carles Puigdemont y los demás condenados por el proceso soberanista catalán. El Constitucional aguarda la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales planteadas en torno a la ley de amnistía y a la interpretación de la malversación —si el enriquecimiento político en su proyecto político y personal puede o no encajar en el tipo penal—.
Aunque no existe constancia por escrito, los hechos apuntan a que el proceso va más lento de lo esperado: la resolución no llegará en marzo y quizá tampoco en abril.
El TJUE tiene su atención absorbida por conflictos de mayor urgencia continental, como las leyes LGTBI del primer ministro húngaro Viktor Orbán, lo que relega el dosier catalán a un caso espinoso más entre otros en Luxemburgo.
La conclusión es que el Constitucional, árbitro supremo del ordenamiento jurídico español, podría estar a las puertas de una metamorfosis silenciosa. Si el PP logra esa mayoría esquiva de tres quintos en el Senado, el órgano que durante dos años ha amparado las grandes apuestas legislativas del sanchismo podría convertirse en su principal obstáculo.