Acciona Construcción ha reconocido en un informe interno de 151 páginas que pagó 6.640 euros al Bar Franky de Pamplona entre 2015 y 2018, de los cuales 6.304 euros se abonaron «mayoritariamente mediante cheques al portador».
Ese establecimiento hostelero, situado en la capital navarra, es el mismo que la UCO ha señalado como instrumento para canalizar dinero de la constructora hacia el entorno de Santos Cerdán y Koldo García mediante facturas por servicios que nunca se prestaron. Esa revelación figura en el propio documento que Acciona ha presentado ante el juez en su defensa.
El informe policial describe con precisión la mecánica del presunto fraude: la operativa «consistía en la emisión de facturas ficticias, por parte del Bar Franky hacia Acciona, quien asumiría el pago a través de transferencia hacia el referido restaurante, retornando dichos fondos, en efectivo, al entorno de Koldo».
El eje de esa maniobra habría sido el asesor fiscal del bar, Miguel Moreno, a quien el propio Koldo García habría facilitado el 2 de agosto de 2017 «los datos necesarios para que éste le confeccionase una factura dirigida a la UTE Recajo, constituida por las mercantiles Acciona Infraestructura SA e IC Construcción, Ingeniería y Gestión de Obras».
Koldo García confirmó a OKDIARIO una donación de Acciona al PSOE: «La cúpula de Ferraz admitía que Acciona donó 500.000 euros en efectivo para las elecciones de 2019».
Pagos al Bar Franky
Lo que resulta llamativo es que sea el propio informe de Acciona —elaborado, según esperaban, para demostrar la regularidad de sus relaciones con los investigados— el que certifique el uso de cheques al portador en esos pagos.
La constructora presidida por José Manuel Entrecanales describe que las siete facturas del Bar Franky correspondientes al centro de coste «Naves Cener Sangüesa» se pagaron «mayoritariamente mediante cheques al portador, salvo una excepción por transferencia», y que sus conceptos estaban vinculados a «eventos y menús mensuales».
La empresa no ofrece en este apartado ninguna explicación sobre por qué se eligió esa modalidad de pago —el cheque al portador, que no identifica al beneficiario final— en lugar de una transferencia, que sí deja rastro.
Es una omisión llamativa en un documento que, por el contrario, dedica decenas de páginas a justificar que todos los pagos a Servinabar se realizaron por vía bancaria precisamente para descartar cualquier irregularidad.
El informe sí detalla el desglose de esos pagos: una transferencia de 1.625 euros el 14 de diciembre de 2016, y seis cheques al portador por importes que oscilan entre los 449 y los 1.050 euros, emitidos entre enero de 2017 y febrero de 2018.
Las facturas estaban firmadas manualmente «por tres cargos no identificados nominalmente: Administrativo, Jefe de Obra y Jefe de Departamento», según reconoce el propio documento.
El caso Koldo y Acciona
El contexto en el que se producen estos pagos es relevante. Miguel Moreno, el asesor fiscal del Bar Franky que según la UCO participó en el esquema de facturas ficticias, también figura en el informe de Acciona como proveedor directo: emitió dos facturas a la UTE Autovía Recajo en 2017 por un total de 5.989 euros, en concepto de «confección de procedimientos administrativos y contabilidad», ambas sin pedido de compra asociado.
El Bar Franky y su propietaria forman parte de una red de vínculos que la UCO ha ido desentrañando desde 2023. Esa red conecta a Koldo García con empresas constructoras que habrían obtenido contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas.
En las conversaciones grabadas por el propio Koldo, éste mencionó en varias ocasiones que Ábalos «habría cobrado dinero a través de Santos Cerdán derivado de adjudicaciones de obra pública», entre las que figuran obras adjudicadas a Acciona.
El informe de Acciona identifica a una mujer exclusivamente como «propietaria del Bar Franky», señala que la gestión del negocio estaba a cargo de otro hombre y cuantifica en 6.640 euros el total facturado por el establecimiento a la constructora.
Una cantidad que, en términos absolutos, es exigua comparada con los casi siete millones pagados a Servinabar. Pero el peso de ese epígrafe en la investigación no se mide en euros, sino en la naturaleza del instrumento de pago elegido.
Un cheque al portador es, por definición, dinero que va a manos de quien lo presenta, sin que quede constancia de quién lo cobra. En una causa que investiga precisamente cómo se ocultaba el destino final de los fondos, Acciona ha confirmado que esa opacidad existió, aunque fuera por un importe de 6.304 euros.