Suena a cutre excusa, porque eso de que los guardias civiles -a diferencia de lo que ocurrirá en breve con la Policía Nacional- no puedan disfrutar del derecho a una jubilación anticipada por estar sujetos a un régimen «de naturaleza militar» se cae por su propio peso, ya que en el Ejército -sin ir más lejos- se permite el retiro voluntario a partir de los 60 años siempre que se tengan reconocidos 30 años efectivos de servicios. Otros cuerpos autonómicos como la Ertzaintza y los Mossos ya gozaban de estos beneficios, de modo que dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la Guardia Civil será el único que no disfrute del derecho a la jubilación anticipada, un agravio intolerable que demuestra el escaso aprecio que este Ejecutivo siente por la Benemérita. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la socialista Elma Saiz ya ha llevado a audiencia pública los informes para aprobar el Real Decreto que permitirá adelantar la edad de retiro a los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, pero ha dejado al margen a los agentes de la Guardia Civil que pretendían que se les incorporase a la norma.
Según el Ministerio, «la Guardia Civil tiene la condición de instituto armado de naturaleza militar», lo que le otorga «un marco jurídico y funcional diferenciado respecto a otros cuerpos policiales de carácter civil, como la Policía Nacional o las policías autonómicas y locales». Es una solemne absurdez, porque el problema no está en el marco jurídico y en la naturaleza militar de la Guardia Civil, sino en la falta de voluntad del Ejecutivo para reparar un agravio histórico. Lo peor es que Inclusión les da largas: emplaza a los agentes de la Benemérita a «seguir el procedimiento regulado en el Real Decreto 402/2025» y presentar una «solicitud» que debe ser entregada «por las partes legitimadas». Es decir, que esperen sentados. Sencillamente, indecente.